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Nación comienza a definir quien pagará los subsidios del Plan Gas.Ar

Unos 7.000 millones de dólares suma el presupuesto que posee la secretaría de Energía de la Nación, uno de los más abultados de todo el Estado pero que choca no solo con los parámetros de subsidios que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reclaman para el país sino también con la propia crisis local del gas que promete disparar las importaciones. Con ese escenario de fondo es que la secretaría de Energía que conduce Darío Martínez convocó a una audiencia pública para analizar el porcentaje del incentivo del nuevo Plan Gas.Ar que pagará el Estado.

Dicho de otro modo, la audiencia pública será el paso previo para definir claramente qué parte de los subsidios aportará la Nación y qué parte pasará a formar parte del precio del gas que integra las tarifas.

La cita fijada para el próximo 15 de marzo no será vinculante en lo que hace a su resultado y quedará en manos de la misma secretaría definir finalmente qué sucede con el nuevo subsidio que este año coexistirá con el de la Resolución 46 del anterior gobierno.

Mientras desde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) se avanza en el llamado a una audiencia pública propia en la que lo que se analizará serán las tarifas que pagan los usuarios, desde Energía el punto de análisis es cómo responder desde el Estado al aumento del precio del gas que marcó el Plan Gas.Ar.

El nuevo programa, que apunta a evitar importaciones aún más costosas, cerró su licitación con un precio promedio de 3,55 dólares por millón de BTU, que se eleva a unos 3,85 dólares si se considera en el cálculo el plus que se abonará por el gas de invierno.

Este precio de boca de pozo (PIST) ya está fijado y marca una gran diferencia con el valor que regía hasta el lanzamiento del plan y que es el que quedó fijado en los contratos de las distribuidoras que participaron de la licitación por unos 2,15 dólares por millón de BTU, ya que si bien se escribió 2,30 dólares, al fijarse a un valor de la moneda verde que quedó desactualizado tiene esa rebaja extra.

Estos dos valores entre el precio del gas en boca de pozo y el que rige en los contratos a cuatro años es, en síntesis, el incentivo del Plan Gas.Ar que en su primer mes -correspondiente a la inyección de enero- deberá ser abonado íntegramente por el Estado representando un poco más de 100 millones de dólares.

Pero no este no es el único impacto extraordinario que este año espera tener Nación en el segmento del gas. Más allá del impulso en la producción del programa, Nación se prepara para licitar un segundo buque regasificador para incrementar las importaciones de GNL y evitar así que la falta de gas local lleve a cortes de servicio.

Esas importaciones, que se sumarán a las que ya se venían realizando por el puerto de Escobar, tendrán un salto en su valor por la disparada del precio internacional del GNL que harán que ese gas valga el doble que el local, pero aún así mucho menos que el costo que tendría cubrir ese déficit con combustibles líquidos.

Pero precisamente para poder cubrir esa mayor importación requerida es que desde Nación consideran necesario que una parte de los subsidios del Plan Gas.Ar pase al costo de la energía, impactando así en las tarifas que finalmente pagan los usuarios.

Pero esa definición no es nada simple, dado que son muchas las variables que se deberán ponderar. Por un lado, desde todos los sectores del gobierno reconocen que la capacidad de pago de los usuarios es un límite para cualquier suba que se analice, ya que hay amplios sectores que no pueden hacer frente a mayores costos.

Pero además, las sumas estimadas en el presupuesto del año, bajo la lupa del FMI son otro condicionante, ya que desde Energía se deberá tratar de encontrar un equilibrio entre el presupuesto y los gastos a los que debe hacer frente.

Y si esos cálculos ya eran complejos, el tercer condicionante es el propio 2021, un año electoral en el que las definiciones políticas no solo cobran un peso preponderante sino que abren más que nunca la grieta existente entre los dos sectores de peso del mismo gobierno nacional.

El desafío será para el gobierno, y en especial para la secretaría de Energía y el ministerio de Economía de Martín Guzmán, zanjar este debate antes del primero de abril, ya que por decreto presidencial se fijó que en marzo deberán definirse las nuevas tarifas de transición.

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