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Biocombustibles, del debate a la polemica

El Gobierno promulgó la nueva Ley de Biocombustibles. Por qué el régimen, que tendrá vigencia hasta 2030, despertó apoyos y rechazos, en especial, entre la empresas del sector. Las principales diferencias con el marco de los últimos 15 años.
Este mes, el Gobierno promulgó el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, que el Congreso sancionó el mes pasado, luego de meses de esperado debate. Se corrió contrarreloj, luego de que en mayo venciera el régimen que existió durante los últimos 15 años y que fue prorrogado, primero, hasta julio y, luego, hasta la definición de una nueva ley, ya que el proyecto todavía estaba en el Senado.
El anterior databa de 2006, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner impulsó la promoción para el sector, en ese momento, traccionado por la fuerza con la que la exportación de soja -en grano, aceites y derivados- alimentaba la locomotora que motorizó el crecimiento a tasas chinas de la economía argentina en la poscrisis de 2002. En esta ocasión, la sanción de un nuevo marco debió haber sido una buena noticia para la industria. Sin embargo, no terminó siendo así. Al menos, para no pocos actores del sector.
Hasta ahora, en biodiesel, elaborado principalmente con soja, se obligaba a un corte mínimo del 10% en el combustible de este tipo comercializado en la Argentina. La nueva ley reduce ese corte obligatorio hasta el 5%, con excepción del biodiesel elaborado con caña de azúcar, que tendrá un mínimo obligatorio del 6%. El Estado, además, se reserva la facultad de reducir ese corte hasta el 3%, en los casos que los aumentos de los precios de los insumos básicos para la producción de biodiesel puedan distortosionar el valor del combustible fósil en el surtidor, "o ante situaciones de escasez por parte de las empresas elaboradoras", según se lee en el texto de la norma.
Sin embargo, uno de los puntos más conflictos se dio en el corte de bioetanol. La ley anterior fijó el corte mínimo en 12% para las naftas. Su reemplazante mantiene ese límite pero autoriza a reducirlo hasta el 9%, por las mismas razones que en el caso del biodiesel. De ese 9%, un 6% deberá ser elaborado a partir de azúcar y sólo 3% a base de maíz.
Esto dio lugar a airados reclamos, principalmente, del campo. Por caso, la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). Ni bien la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados, la entidad emitió un duro comunicado, en el que calificó al proyecto de "totalmente antagónico" con objetivos de lograr una norma "superadora" a la de 2006; es decir, que fuera "mejor para el ambiente y necesaria para cumplir con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible firmados por nuestro país y que, además, fuera disminuyendo las divisas destinadas a la importación de combustibles fósiles".
"(La ley) deja abierta a la autoridad de aplicación la posibilidad de reducir el porcentaje de bioetanol de maíz en las naftas, en detrimento de bioeconomías formadas en torno de recursos renovables asentados en el interior del país", criticó Maizar. "Se beneficia así a los productores de combustibles fósiles, que emiten hasta un 70% más de gases de efecto invernadero que sus equivalentes biológicos, y contienen aditivos contaminantes y son de peor calidad por su menor contgenido de octanos", apuntó.
Completó su comunicado indicando que la situación "no sólo perjudica a quienes arriesgaron capital en la instalación de plantas de biocombustible, sino también a la gran cadena maicera, que involucra a productores que aportan la materia prima, a ganaderos que compran el subproducto del bioetanol para alimentar a sus animales y hasta a las empresas de bebidas carbonatadas".
"La industria de los biocombutibles nunca recibió fondos del Estado. Sólo fue exenta de los impuejstos a los combustibles líquidos y al carbono por su favorable impacto ambiental", defendió. Reforzó, por supuesto, su posición: "Además de ayudar a la desconcentración del casi monopólico mercado de combustibles líquidos, la producción local de bioetanol de maíz permite ahorrar divisas e industrializar la materia prima en origen, evitando costosos fletes a puerta que, muchas veces, dejan fuera del mercado a los productores de maíz de zonas alejadas". Maizar no dudó en vaticinar el cierre de plantas de producción por la nueva norma.
Palabras en el mismo sentido utilizó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras. "Más allá de que mantiene las mismas condiciones para el azúcar, restringe enormemente al maíz y la soja, castigándolo severamente, cuando son los cultivos de mayor producción en la Argentina", declaró
"Con esta ley, la Argentina está dando un paso atrás fenomenal", agregó. "El mundo sigue avanzando con energías renovables y nuestro país es un líder natural en biodiesel por exportación. Pero, también, en bioetanlo por su capacidad interna. Lamentablemente, vamos a un apagón de las energías renovables", opinó. "Varias empresas de biodiesel y bioetanol ya hicieron público que no tienen futuro con una legislación de esta naturaleza", auguró.
Coninagro fue más allá. Su presidente interino, Elbio Laucirica, no dudó en decirle al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que es "preocupante preocupante que quede en manos de una oficina gubernamental la baja del corte del 12% al 9% en etanol" y resaltó que la norma "es discrecional contra el maíz".
"Una ley de esta naturaleza no estimula las inversiones", aseguró.
Palabras que, en la tensión del debate parlamentario, varios referentes de la oposición hicieron propias. Por caso, el titular del bloque del PRo en el Senado, Humberto Schiavoni. "Esta ley va en contra de sus objetivos, en los aspectos ambientales, productivos y de generación de trabajo", afirmó. "Desvirtuá un régimen que fue exitoso y pone en peligro inversiones y puestos de trabajo", agregó.
En el Senado, la ley tuvo 43 votos a favor y 19 en contra. Según consignó un cable de la agencia oficial Télam, el nuevo marco, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2030, tiene menores beneficios que el anterior. Sin embargo, la iniciativa obturó parcialmente las críticas de ser un éxito pleno del lobby petrolero. "Con el propósito de proteger la diversidad de emprendimientos asociados al biocombustible, la ley establece en forma taxativa que las empresas productoras y/o destiladoras de hidrocarburos no podrán ser titulares ni participar de empresas dedicadas a la actividad", informó la agencia estatal.
Es que, durante toda la discusión, hubo enfrentamientos entre las posturas de las petroleras con las de las cerealeras. En general, las refinadoras se manifestaron partidarias de reducir el porcentaje de corte en los combustibles. Recordaron que, hace 15 años, el contexto era otro: los altos precios internacionales del barril que había entonces lo propiciaba, cosa que no ocurre en la actualidad. Adhirieron también a la postura de quienes defendieron la diferenciación entre el porcentaje de azúcar y el de maíz para la elaboración de etanol: la producción de etanol, a partir de caña es un elemento estratégico para el sector azucarero, porque le permite destinar a su elaboración una producción que excede a la demanda doméstica de azúcar.
Otro punto de defensa del proyecto son los eventuales problemas de calidad que afectan el rendimiento de los motores, además de una menor eficienca energética, lo que se evidencia en menores distancias recorridas por cada libro, en relación al hidrocarburo fósil. Algo que tampoco le cayó del todo antipático a la industria automotriz.
La ley también prevé exenciones relacionadas con IVA y Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura, y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición de la Ganancia Mínima Presunta. Además, determina que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de infraestructura Hídrica, por el impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el gravamen denominado "Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito", sobre la importación de gasoil, como tampoco los tributos que, en el futuro, puedan sustituirlos o complementarlos.
La otra disposición clave de la norma es la entronación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación del régimen. Deberá realizar auditorías e inspecciones en las empresas e instalaciones de elaboración, almacenaje y mezcla de biocombustibles; aplicar las sanciones establecidas; y establecer y modificar los porcentajes de mezcla obligatoria de los biocombustibles con gasoil o nafta y garantizar su cumplimiento.
La ley, además, contempla la creación de una "Comisión de Biocombustibles", con la participación de organismos nacionales y de un "Consejo de Provincias Productoras", dos instancias que permitirán monitorear desde el Estado la actividad y las necesidades de cada región del país.
Según datos del sector, el régimen anterior impulsó la creación de 50 empresas, que invirtieron unos u$s 3000 M y generaron 10.000 puestos de trabajo. Además, alegan en la industria, la actividad revitaliza las economías regionales. Uno de los argumento del oficialismo para defender su proyecto es que el costo fiscal de la promoción de los biocombustibles ascendió a u$s 6000M, con una pérdida de divisas de u$s 1400 M por pérdida de exportaciones de soja, maíz y derivados que podrían haberse despachado y, en cambio, se destinaron a la elaboración de naftas y gasoil, al margen de los impuestos no cobrados por la venta del combustible.
Del otro lado, retrucan que eso pierde relevancia si se lo contrasta con los u$s 9000 M destinados a subsidiar combustibles fósiles sólo durante el corriente año.
La ley está sancionada y promulgada. Regirá por los próximos 10 años y, posiblemente, 15. Pero el debate, seguramente, continuará. (El Cronista, Buenos Aires)

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