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Dos leyes claves alcanzadas por el tsunami electoral

Se presentaron el Presupuesto 2022 y la promoción de inversiones hidrocarburíferas, ambas con impacto directo en la provincia. Detalles y análisis de anuncios en un contexto atravesado por los resultados de las PASO.

El pasado 15 de septiembre, horas antes de que estallara la interna dentro del Frente de Todos, se presentaron dos proyectos de ley claves: la promoción de inversiones a los hidrocarburos y el Presupuesto 2022.

Ambas iniciativas han quedado, quizás, atadas al resultado electoral de noviembre, porque ante este contexto de convulsión sería poco probable que pueda avanzarse con temas estructurales dentro del Congreso antes del recambio legislativo.

Pero como esto es Argentina, todo puede ocurrir. Como, por ejemplo, el anuncio de un nuevo Gabinete de ministros un viernes a las 10 de la noche.

De todas maneras, más allá de la incertidumbre generalizada, vale la pena meterse de lleno en ambos proyectos.

El Presupuesto 2022 es la piedra angular del conflicto político hacia el interior de la coalición gobernante: ¿es un proyecto pensado para el FMI? ¿es todo lo distributivo que se necesita en esta etapa, donde el 50 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza? ¿conviene proyectar un incremento de tarifas en el Área Metropolitana del 30 por ciento?

Por su parte, el proyecto para desarrollar inversiones en hidrocarburos quedó envuelto en todo el conflicto de la semana, por lo que las principales operadoras que participaron del anuncio en el Museo del Bicentenario también entraron en un cono de incertidumbre.

En términos del Presupuesto 2022, hay dos novedades relevantes para Santa Cruz: partidas específicas para las Centrales Hidroeléctricas y la construcción del Acueducto de Zona Norte.

Tsunami presupuestario

La carta de Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en uno de los temas claves para entender tanto la derrota electoral del FdT en las PASO como la actual situación de crisis social.

“Siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad”.

El problema de fondo es la situación económica, su consecuente crisis social, y la actitud de un equipo de Gobierno (o una suma de individualidades) demasiado enfocado en los mercados financieros y en el derrame cuasi mágico de las exportaciones como única solución.

La ejecución actual del Presupuesto y las perspectivas para 2022 pendulan entre congraciarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mantener cierto status quo, es decir que las cosas sigan más o menos como hasta ahora, a la espera que el crecimiento derrame por su propia inercia.

En agosto de este año, la inflación anualizada llegó al 51,4 por ciento. Una familia de cuatro personas necesitó 68.000 pesos de ingresos para no caer bajo la línea de pobreza.

El presupuesto 2021 dio por finalizada la pandemia en marzo. No sucedió. Tampoco se relanzó el IFE. Y el crecimiento heterogéneo descripto por el tándem Kulfas Guzmán, tampoco alcanzó ni siquiera para una distribución heterogénea.

Según datos del Ministerio de Economía, las prestaciones sociales, básicamente jubilaciones, tuvieron una caída real del 7 por ciento a julio de este año (base caja, sector público nacional deflactados por el IPC).

Al mismo mes, la actividad económica (EMAE) registró un incremento del 10 por ciento. Pero el gasto público cayó, en términos reales, un 6 por ciento.

En el análisis transversal del Presupuesto, la categoría Políticas de ingresos (asignaciones familiares, subsidio al consumo de energía eléctrica, transporte y gas, y políticas alimentarias), si bien crecen nominalmente, pasarían de representar el 3,2 por ciento del PBI al 3,0 por ciento del producto para el próximo año.

La misma reducción en relación al PBI se percibe en jubilaciones y pensiones que pasarían de representar el 9,3 por ciento al 8,8 por ciento.

En la Función Seguridad Social, para la categoría Asignación Universal por Hijo se estima un incremento de tan sólo el 0,3 por ciento de beneficiarios. En marzo de este año, se destinaron 14.619 millones de pesos para 4.381.734 beneficiarios.

Cuando se aplicó, el IFE llegó a casi 9 millones de personas con un presupuesto de 90.000 millones de pesos. Sólo el Poder Judicial deja de pagar el Impuesto a las Ganancias por un total de 72.000 millones de pesos. Si hay que ser creativos, hay con qué.

Otro tema clave en el Presupuesto 2022 serán las tarifas, punto álgido en la relación interna del Frente de Todos. Del proyecto enviado al Congreso, se desprende que los subsidios se reducirán 0,2 puntos porcentuales.

Los subsidios se reducirán 0,2 puntos porcentuales en el Presupuesto

En términos reales, deflactada la inflación, las transferencias corrientes caerían un 15 por ciento promedio, pero con un mayor impacto en los sectores más vulnerables.

Según un análisis realizado por el CEPA, los subsidios a la demanda de gas natural y GLP caerían un 39 por ciento, mientras que el programa Hogares con garrafas recibiría una merma del 34 por ciento.

Este es quizás uno de los grandes detonantes del conflicto desatado hacia el interior del Frente de Todos, que se agudizó el martes pasado cuando se filtraron algunos datos del Presupuesto, ratificados al día siguiente en la presentación de la Ley de inversiones hidrocarburíferas.

Obras para Santa Cruz

“La expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento es una política estructural de esta gestión por su influencia en el mejoramiento de las condiciones y expectativa de vida de los argentinos y argentinas".

"En 2021, los créditos para esta finalidad crecieron un 54%, y el Presupuesto 2022 establece una asignación que supera en 75% a la del 2021. Estas obras son de carácter federal, destacando la construcción del acueducto del norte de Santa Cruz, el del noreste de la provincia de Buenos Aires y el de Formosa”, puede leerse en el proyecto enviado al Congreso.

La suerte de la ley de inversiones está atado al Congreso, que se renueva en noviembre

Para 2022, se estipuló una partida de 6.015 millones de pesos para la construcción del Acueducto para el Desarrollo Económico y Social del Norte de Santa Cruz, como parte de un plan de obras que demandaría, en su ejecución plurianual, más de 90.000 millones de pesos.

Para el Acueducto está prevista también una operación de crédito público, por 1.100 millones de dólares.

Esta es una obra histórica, al igual que el reclamo de los pueblos de la zona norte, como lo es también la Planta de Ósmosis Inversa para San Julián, que el próximo año recibirá una partida de 307 millones de pesos.

Otro aspecto clave del Presupuesto en relación a la provincia tiene que ver con las represas.

El apoyo a la construcción de las hidroeléctricas Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” (ubicada en Cóndor Cliff) y “Gobernador Jorge Cepernic” (ubicada en Barrancosa) incluye una partida presupuestaria que saldrá de la Secretaría de Energía de 21.900 millones de pesos.

Esta erogación garantiza la continuidad de las obras, que se ralentizaron por cuestiones técnicas pero continúan en su desarrollo.

Hidrocarburos

La tan esperada ley de inversiones para el sector de los hidrocarburos quedó envuelta no sólo en la incertidumbre electoral que se inició el domingo pasado sino en la crisis política institucional de este miércoles.

Varios legisladores patagónicos levantaron la voz hacia el jefe de Bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner, por no haber sido convocados al evento. “Si los diputados que tenemos que acompañar nuestro gobierno no somos invitados, es una cosa seria”, fue el mensaje que le hicieron llegar.

- ¿Qué dicen los gobernadores y gobernadoras de este proyecto de ley?-, le preguntó este cronista a Pablo González, presidente de YPF.

- ¡Gobernador!-, gritó el titular de la petrolera de bandera.

El que estaba por ingresar al Museo del Bicentenario era Omar Gutiérrez, primer mandatario de Neuquén.

- Dijeron que no iba a venir, y vino-, acotó González.

Ninguno de los mandatarios y mandatarias presentes en el evento (Alicia Kirchner fue de la partida, tras la cual mantuvo una reunión con Máximo Kirchner) habían tenido oportunidad de leer por completo la norma.

Es decir, no había existido hasta entonces una presentación formal dentro de la OFEPHI. Sólo hubo comunicaciones puntuales de Ariel Kohan, mano derecha de Darío Martínez y asesor presidencial, con los distintos responsables de Energía de las provincias.

No hubo una presentación formal de la ley dentro de la OFEPHI

Por el lado empresarial, estuvieron presentes en el Museo del Bicentenario Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Eurnekian (CGC) y Carlos Ormachea (Tecpetrol). También hubo representantes de Transfigura, Chevron, Petronas, Exxon, y Shell.

No fue el mejor día para presentar una ley de inversiones. Sobre todo porque su suerte está atada al Congreso de la Nación, cuya composición cambiará en noviembre, al que se le suma el clima de incertidumbre de las últimas horas.

Muchos ejecutivos quedaron desorientados, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de la norma era brindar un horizonte de estabilidad y previsibilidad.

Tal como había adelantado La Opinión Austral, el nuevo marco de promoción de inversiones incentivará tanto los recursos convencionales que se ubican en las Cuencas del Golfo San Jorge y Austral, como los no convencionales de Vaca Muerta.

Y la manera de generar esos incentivos será a partir de garantizarle a las operadoras exportaciones en firme en caso de aumentar la producción sumado a un porcentaje de libre disponibilidad de divisas, además de un esquema de estabilidad fiscal por 20 años, donde no se podrán modificar los beneficios impositivos vinculados a la ley ni crear nuevos impuestos asociados al sector.

Como todo tiene que ver con todo, la norma está vinculada a la necesidad de generar dólares vía exportaciones para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y robustecer las reservas del Banco Central.

La misma ecuación que le fue presentada al Fondo Monetario Internacional (FMI) como garantía de repago de la deuda heredada de la gestión Cambiemos.

La norma beneficiará tanto a las producciones en cuencas maduras y convencionales, como las de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut o Mendoza y a las no convencionales.

Dentro del régimen general, las empresas que incrementen su producción tendrán la posibilidad de acceder a un aumento de exportaciones en firme (de un 20 a un 50 por ciento más) y sobre la base de esas ventas incrementales, podrán quedarse con la mitad de los dólares generados.

Además de los beneficios generales por aumentar la producción, habrá un régimen para proyectos especiales, con características de acceso diferenciadas por tipo de cuenca:

  • Para los proyectos de exploración convencionales, costa afuera o con recuperación secundaria y terciaria, se demandará una inversión de 100 millones de dólares en cuatro años.

  • En el caso de la exploración sísmica convencional, las inversiones requeridas son de 6 millones de dólares en tres años.

  • Para la refinación e industrialización en origen, 10 millones de dólares en tres años.

  • Para la producción no convencional, los proyectos demandarán inversiones (base) de 400 millones de dólares por año, y continuadas durante un lustro.

  • Para industrialización, separación, fraccionamiento, tratamiento, almacenaje, transporte y/o refinación de HC y derivados, se demandará una inversión de 300 millones en cinco años.

Y los grandes proyectos de infraestructura como la construcción del gasoducto que conecte Vaca Muerta con Buenos Aires podrían acceder a los beneficios de la ley con inversiones base de 1.200 millones de dólares

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