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El debate de las tarifas abrió aún más la grieta en el gobierno

Las audiencias públicas dejaron de manifiesto las posturas encontradas. Los nuevos valores deberían regir desde el 1 de mayo pero aún no hay certezas de qué sucederá. Desde el Enargas se advirtió que no se tomará en esta instancia el nuevo precio del gas en boca de pozo.

El gobierno nacional realizó esta semana las dos audiencias públicas vinculadas a la definición de las nuevas tarifas de transición del servicio de gas natural por redes, pero lejos de arrojar claridad a los cerca de 9 millones de usuarios, terminaron dejando en evidencia la cada vez más profunda grieta que existe dentro del mismo gobierno.

El lunes se desarrolló la primera audiencia pública que fue convocada por la secretaría de Energía de la Nación para determinar el nuevo precio del gas en boca de pozo o PIST, en función de los mayores gastos que este año imprimirán la importación de Gas Natural Licuado (GNL), pero en especial los subsidios del nuevo Plan Gas Ar.

Si bien desde Energía se advirtió que tendrán un plazo de un mes para definir el nuevo precio del gas, al día siguiente comenzó la maratónica audiencia pública por las tarifas en sí del gas en la que se expusieron los pedidos de las transportistas y distribuidoras, esta vez convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La grieta existente dentro del gobierno quedó de manifiesto en la misma apertura de esta segunda audiencia pública, dado que a un día de que el gobierno presentara los informes técnicos sobre el precio del gas en boca de pozo que dan cuenta de que el presupuesto no alcanza para mantener estable los subsidios, el interventor del Enargas, Federico Bernal, advirtió que “el precio del gas se puede negociar libremente, pero no su traslado a las tarifas”.

Bernal no solo le marcó así la cancha a la cartera que conduce Darío Martínez, y por elevación al ministro de Economía Martín Guzmán quien a la postre terminará siendo quien deba resolver cómo el Estado pagará los mayores costos, sino que también advirtió en diálogo con Energía On que en la definición de las nuevas tarifas de transición tendrá en cuenta “el precio del gas que figuran en los contratos entre productoras y distribuidoras”.

Con esa advertencia Bernal terminó de abrir la grieta al dejar en offside a la secretaría de Energía, dado que en esos contratos -de base del Plan Gas Ar- el precio PIST fijado es el que hoy está vigente y no el que pueda surgir del nuevo cálculo que elabore la cartera de Martínez y Guzmán.

Pero Bernal fue aún más allá y si bien planteó que las nuevas tarifas de transición “deberían definirse a fines de abril para entrar en vigencia el 1 de mayo”, también advirtió que “el precio que está en los contratos es el que las distribuidoras usaron en sus presentaciones para pedir las tarifas. Si en el interín la secretaría de Energía decide alguna modificación al precio del gas, tenemos que, una vez recibidos los nuevos contratos con los nuevos precios del gas, convocar a otra audiencia pública para definir si esos precios del gas son trasladados o no a la tarifa”.

La realización de otra audiencia, que podría ser tan extensa como la de esta semana, implicaría una dilación en la aplicación de las nuevas tarifas que terminarían llegando a las facturas que miden los consumos del pleno invierno. O por el contrario el nuevo PIST nunca se trataría ya que la base del Plan Gas Ar fue la estabilidad de los contratos firmados hace apenas tres meses.

Pero más allá de la grieta dentro de los dos sectores dominantes del gobierno, una serie de hechos ocurridos en esta semana dejó en claro que en materia de políticas energética parece que no hay nada claro.

Mientras un sector del gobierno, con Bernal a la cabeza, salió a plantear en la segunda audiencia pública la necesidad de pisar las subas tarifarias, el mismo día la petrolera de mayoría estatal YPF aumentó un 7% el precio de sus combustibles como parte del plan de incrementos que hará que a fines de mayo los combustibles se hayan incrementado en el año más de un 35%.

Y por la vereda opuesta, mientras en la audiencia pública Bernal planteaba a la energía como un derecho humano que el Estado debe garantizar al mismo nivel que la salud y la educación, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunía con 18 fondos de inversión de todo el mundo para tentarlos a invertir en Vaca Muerta.

En las últimas décadas la historia de las políticas energéticas en Argentina se ha encontrado no solo con avances y reveses, cambios que son los que llevaron a por ejemplo la caída de inversiones que hace que hoy la producción de gas haya descendido tanto que se deban multiplicar las importaciones, sino que también esos cambios han pasado de fuertes tarifazos como los aplicados durante la gestión Macri a congelamientos de años que terminaron dejando redes y centrales obsoletas, disparando los cortes de energía por falta de mantenimiento e imposibilitando en un país rico en gas en el subsuelo que la energía llegue a millones de hogares.

La experiencia de la disparada de los subsidios por los congelamientos de las tarifas no está ni siquiera tan lejos en el tiempo, como mucho menos la de los tarifazos surgidos de las Revisiones Integrales Tarifarias (RTI) del anterior gobierno, pero como botón de muestra de hasta donde se ha aprendido del pasado queda el hecho de que esta semana, a pesar de que las audiencias públicas fueron transmitidas en vivo incluso por sistemas básicos como Youtube, hubo apenas una público en simultáneo de 350 personas.

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