Marco legal para la explotación del petróleo y el gas en Latinoamérica

La cuestión jurídica y legal es uno de los puntos vitales para garantizar la viabilidad económica de cualquier proyecto energético. Es que constituye la base de todo emprendimiento, fijando los derechos y obligaciones de cada parte implicada en las operaciones, las regalías e impuestos a pagar, los plazos de ejecución, los porcentajes de participación societaria y muchas otros ítems relacionados con la exploración y explotación en el campo petrolero y gasífero.

A diferencia de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, la legislación especializada en Latinoamérica se ha caracterizado (salvo algunas excepciones) por cambios constantes en los escenarios, lo que ha provocado en muchos casos la pérdida de importantes inversiones, desalentadas ante un panorama poco previsible.

Esto se ha podido advertir tanto en la legislación referida a la explotación de bloques y áreas hidrocarburíferas como en lo relativo al fomento de la exploración y el desarrollo de cuencas aún no productivas. En la actualidad, algunos países de la región han adoptado políticas con mayor predominio del área estatal y fuertes retenciones, mientras que otros apuestan por el otorgamiento de facilidades e incentivos para la llegada de una mayor cantidad de capitales extranjeros.

Casos concretos

Los casos de Venezuela y Bolivia son los más paradigmáticos. Es que allí se ha adoptado una fuerte intervención estatal, por lo tanto la legislación establece importantes regalías a favor de los estados nacionales y una participación trascendente en la actividad por parte de las empresas estatales: PDVSA (Venezuela) y YPFB (Bolivia).

En Bolivia (un país con bloques gasíferos importantes) se han nacionalizado los yacimientos mediante diferentes leyes y decretos y la participación privada es minoritaria, habiéndose retirado del país importantes firmas del sector por las decisiones tomadas últimamente por el gobierno boliviano.

Algo muy similar ha sucedido en Venezuela en los últimos años. En consecuencia, podría decirse que en este caso el marco legal no busca favorecer la participación de capitales privados, por ejemplo a través de políticas de promoción impositiva. Ecuador también ha tomado algunas decisiones similares, pero en este país la participación privada es aún mayor.

El nuevo gigante

En Brasil la realidad ha sido otra. En parte, el fuerte crecimiento de la industria petrolera local se ha debido a una política de promoción de inversiones, pero manteniendo a la vez un fuerte control de la estatal Petrobras, que gestiona al mismo tiempo activos en distintas partes del mundo.

La política de sociedades entre Petrobras y los actores privados ha desembocado en un esquema mixto con importantes resultados, que pueden observarse en los últimos descubrimientos offshore en Brasil. Este nuevo escenario ha provocado discusiones sobre el rol de la legislación petrolera, ya que se está buscando el logro de mayores dividendos para el país.

Brasil podría migrar, en consecuencia, a un modelo legal de ganancias compartidas, empleado por los operadores petroleros cuando el riesgo exploratorio es cercano a cero, abandonando así el de concesiones, utilizado en la mayor parte de la región. Sin embargo, no se pondría en riesgo la participación privada en los diferentes bloques.

Otras realidades

En Argentina y México, en tanto, la situación ha sido bastante diferente. En el primer caso, la estatal YPF era hasta la década de 1990 la encargada de la mayoría de las operaciones en el sector, pero sobre esos años se liberalizó la actividad e ingresaron diferentes actores privados, incluso en la gestión de la firma estatal (que pasó a ser Repsol-YPF).

Se encararon algunos intentos legislativos con relación a la promoción de inversiones y exploraciones, y en los últimos años una ley (la llamada “Ley Corta”) ha devuelto el manejo de los recursos a las provincias, que actualmente se encuentran renegociando las diferentes concesiones. Se observa además un tibio regreso a la participación del estado en la actividad, a través de la creación de la estatal Enarsa.

En México, en tanto, la empresa gubernamental PEMEX ha mantenido su importancia en el sector, pero a su vez diferentes legislaciones han alentado la llegada de capitales extranjeros. Para algunos sectores, estos órganos legales no son suficientes para incrementar la participación privada y, por ende, la producción hidrocarburífera, mientras que para otros constituyen un atropello sobre la soberanía nacional y las ganancias que recibe el estado por sus recursos naturales.

Conclusiones

En definitiva, puede decirse en general que en América Latina el escenario legal en materia hidrocarburífera es relativamente complejo. No existen parámetros muy formales y, además, las decisiones de privatización o nacionalización de los recursos o de fijación de regalías e impuestos van cambiando a lo largo del tiempo, creando incertidumbre en cuanto al mantenimiento de contratos de explotación o exploración y desalentando inversiones.

Esto sucede en una región que concentra el 10% de las reservas de petróleo y el 4% de las reservas de gas natural, que aunque no son de las más voluminosas del planeta podrían brindarle a los países latinos un mayor peso en el concierto global, en el caso que las mismas se incrementaran y potenciaran gracias a un marco legal más transparente, claro y sustentable en el tiempo.